LA ALUMBRERA: PRIMER FALLO CONTRA UNA MINERA POR CONTAMINACIÓN

Tamaño faraónico. La producción anual del emprendimiento llega a 120 millones de toneladas métricas anuales.


Es el emprendimiento minero más fabuloso del país. Genera una producción anual promedio de 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas de oro. Con un problema: exámenes hechos en distintos puntos de la cadena productiva señalan contaminación e incluso informes de la empresa reconocen la situación. Ya hay un procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán. Está en marcha el lobby de una industria más que despierta a la hora de relacionarse con el poder.
Es el emprendimiento minero más fabuloso del país. Genera una producción anual promedio de 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas de oro. Con un problema: exámenes hechos en distintos puntos de la cadena productiva señalan contaminación e incluso informes de la empresa reconocen la situación. Ya hay un procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán. Está en marcha el lobby de una industria más que despierta a la hora de relacionarse con el poder.

Se escribe tanto sobre el daño ambiental que provoca la minería en la Argentina que finalmente muchas denuncias terminan por parecer mentira (y muchas en efecto lo son). Pero esta historia cuenta con avales de la Justicia y ésa es la novedad. Porque este conflicto comienza por el final. O sea: por un fallo.

Hace diez días la Cámara Federal de Tucumán procesó por contaminación ambiental, sin prisión preventiva pero con un embargo de bienes millonario, a Julián Rooney, vicepresidente de Bajo La Alumbrera, el más grande emprendimiento minero del país, ubicado entre Catamarca y Tucumán. La medida será apelada, llegará a la Cámara de Casación Nacional y quizás hasta la Corte Suprema, pero eso es el futuro. El presente dice que se trata del primer fallo en toda América Latina contra una empresa minera por contaminación. La noticia alarmó a la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina (CAEM) y eso se tradujo en una solicitada que llegó a los diarios el miércoles 4 de junio. En ese texto, los peces gordos de la industria admiten que la sentencia es falaz y que paraliza a un sector pujante “que genera puestos de trabajo y paga los mejores sueldos”. La historia es larga, monumental, por momentos confusa. Comenzó en 1998, en el lecho estático de un canal por el que no corre agua clara.

Juan González es biólogo, pero era, además, secretario de Medio Ambiente de Tucumán cuando hace diez años detectó que en el fondo del arroyo DP2, un cuerpo de agua utilizado por animales para saciar su sed y en algunos casos por huertas de agricultores menores para cultivo, la conductividad eléctrica era alta. La conductividad eléctrica es como la fiebre: un síntoma que anuncia que algo ocurre –que puede existir una forma de contaminación– pero que no señala qué. González, entonces, ordenó una serie de pericias a partir de muestras tomadas de uno de los efluentes de la minera que desemboca en ese canal. En total fueron ocho muestreos realizados por el Sistema Provincial de Salud de la provincia (Siprosa). Los resultados fueron contundentes: se hallaron restos de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico por encima de los límites establecidos para la salud. Con los valores en la mano, denunció a Bajo La Alumbrera por violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la 24.051.

González está del otro lado de la línea, en algún lugar del monte tucumano. Dice que en aquellos tiempos de función pública halló más cosas. “Cada dos años, la empresa tiene que mandar informes de impacto ambiental a organismos auditores. En varios de esos informes, muchos valores estaban por encima de lo permitido. Es decir que ellos mismos admitían que contaminaban.” El hombre entra en detalles: explica que el material, que se extrae en el medio de la montaña catamarqueña, viaja por un mineralducto como si fuera un alud de barro, agua y roca molida, hasta una planta en Tucumán, donde es filtrado y secado. “El mineral seco se manda a Rosario en tren –explica González– y el desecho se tira al canal. Yo denuncié eso. Pero luego la causa se planchó.”

EXPEDIENTES EN REPOSO. El proceso durmió en despachos judiciales durante cuatro años. En todo ese tiempo, la actividad minera en la Argentina siguió desplegando sus fauces, que son como bocas insaciables dispersas de norte a sur sobre la cordillera de los Andes, hasta convertirse en una industria gravitante. La Alumbrera, a tono con esto, terminó de cimentar su imperio fronteras adentro: sus planes de empleo y crecimiento, como el de varias mineras, contaron con créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la corporación creció sin techos ni límites, a pesar no sólo de esa denuncia sino de otras tantas realizadas por diversas ONG ambientalistas: ese puñado de vecinos y estudiantes autoconvocados en el interior del país que viven anunciando que la minería puede acabar con todo, a veces con pruebas sólidas, a veces no.

Bajo La Alumbrera es ahora uno de los principales yacimientos de cobre y de oro del mundo, ubicado a 400 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 al sudoeste de San Miguel de Tucumán. Ahí la Argentina y su espina dorsal, la ruta nacional 40, serpentean hasta desaparecer entre las nubes.

Minera Alumbrera Limited –su nombre comercial– está gerenciada por Xstrata Plc, con sede en Suiza, dueña del 50% del paquete accionario. Las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Horthern Orion Resources Inc. cuentan con el 37,5 y el 12,5% respectivamente; así se reparte la torta.

El emprendimiento es, además de intensivo, faraónico. El territorio de Alumbrera, pasando los alambrados que separan el mundo común del mundo corporativo, es un enclave descomunal. Cuenta con ferrocarril y puerto propio, además de instalaciones que parecen de otro planeta. Ahí, entre montes pelados, los dueños de la mina instalaron hasta un hotel de cinco estrellas para alojar a ejecutivos, visitantes exclusivos y otros empleados jerárquicos. El emprendimiento se puso en marcha en 1997 con una inversión de 1.600 millones de dólares. Como la minería es una commodity, hasta el año 2001 Alumbrera operó a pérdida. Pero a partir de ese año, con el cambio de reglas fiscales y monetarias, la empresa no sólo saldó su cadena de deudas, sino que también comenzó a ganar de veras.

El año pasado, las exportaciones de minerales de la Argentina fueron de tres mil millones. Dos mil corresponden a Alumbrera. El precio del cobre, dicen los mercados, seguirá alto por varios años más. Así que el futuro promete. La producción anual de la mina asciende a 120 millones de toneladas métricas. Produce un promedio anual de 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas de oro. Un negocio tan abrochado como saludable –en términos financieros, desde luego– que se cocina en el norte del país para cotizar en las bolsas de Londres, Toronto y Nueva York. Pero con una astilla, tan pequeña y molesta, clavada en el centro de su talón de Aquiles.

LEVÁNTATE Y ANDA. Cuatro años después, entonces, la causa resucitó. Esa resurrección corrió por cuenta de Gustavo Gómez. En el año 2002, cuando asumió como fiscal general de Tucumán, descubrió la denuncia por daño ambiental contra Alumbrera durmiendo el sueño de los justos y retomó la investigación. A la denuncia original sumó otras nuevas, pero una le llamó poderosamente la atención. Según cuenta él mismo, dos jubilados de Santiago del Estero, de esos que ven pasar el tiempo, nunca el mundo, sentados en la puerta de una casucha de material con techos de fibra y ninguna comodidad, escribieron ese año una carta al presidente de la Nación, por entonces Eduardo Duhalde. En la misiva referían que un tren de carga proveniente de la mina, en su paso por el centro del país hacia los puertos del litoral, arrojaba residuos de todo tipo. Duhalde le reenvió la carta a Gómez. Gómez fue con la Gendarmería hasta el puerto de San Lorenzo, donde Alumbrera embarca los minerales que exporta, y recogió muestras de cobre y otros metales. Los resultados otra vez determinaron que los materiales contaminaban y el proceso revivió, pero con mayor intensidad.

Los titulares de Alumbrera sostienen que todas esas pericias se realizaron sin control de ningún tipo, que no hubo pruebas ni contrapruebas, por lo tanto, alegan, son falsas: dicen que deberían repetirse. Pero no dijo lo mismo la Justicia tucumana. Gómez tiró más de la piola. “Vi peces muertos en las cercanías de Río Hondo”, confiesa, y agrega que enfrentar al poder minero, famoso por su capacidad de lobby –y por vincularse hasta la promiscuidad con gobernadores, intendentes, diputados, en fin, con el poder de turno–, no fue sencillo. Lo explica antes de partir hacia Bolivia, donde disertará, justamente, sobre minería y contaminación ambiental.

Después, la Justicia avanzó. Hubo un primer fallo que benefició a la minera, pero luego la Cámara Federal, por tres votos a uno, hace diez días, procesó a Rooney y jaqueó a la corporación. La empresa señaló que la medida “carece de sustento jurídico” porque el área de responsabilidad de Rooney son las relaciones institucionales y no la producción misma. Pero ya era tarde. El fallo, además, abrió la puerta para que vuelvan a investigarse todas las denuncias por contaminación que acumula Alumbrera.

Pero también apunta hacia arriba. El fiscal Gómez señala como presunto cómplice de Alumbrera al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y pide que sea investigado. Ésa es la parte de la historia que puede complicar al gobierno nacional. A principios de este año, en la página de internet de la Secretaría de Minería figuraba un informe en el que se admitía que Minera Alumbrera contaminaba. “Contamina –decía la web–, ya que arroja sulfato, molibdeno y sólidos disueltos totales en valores mayores a los permitidos.” Ese informe consta en el expediente judicial, pero ya no está on line en la web oficial: desapareció poco después de que el fiscal Gómez, avisado por el biólogo González, lo denunciara.

“Podríamos observar una conducta cómplice de Mayoral en la ejecución del delito imputado a Rooney. Mayoral vino a ver al gobernador Alperovich y a decirle que la empresa no contaminaba y sin embargo en la página estaba esa información”, dice Gómez, desde el norte. La Justicia, ahora, debe definir si a Mayoral le corresponde la misma imputación que al vicepresidente de la minera.

En las oficinas de Mayoral las trabas burocráticas son una normalidad: se solicita una entrevista con el funcionario. Dicen que está de viaje. Se vuelve a llamar. Dicen que hay que hacer el pedido por mail y esperar. No mucho más.

EL ARTE DE LA BUENA CONVERSACIÓN. En un despacho pulcro sobre avenida Córdoba, dos voceros de Alumbrera entrenados en el arte de comunicar dicen que nada es lo que parece.

–¿Quieren decir que este fallo es mentira?

–Sí.

Uno de los dos aclara: es mentira en parte. O sea, es real la existencia del fallo, pero no sus fundamentos. Que la minera no contamina y que además el único desecho que produce va a parar a un dique cerrado que absorbe el sedimento hasta desintegrarlo, se defiende.

–¿Entonces, de acuerdo con lo que postulan, habría que inferir que la minería es una industria limpia?

–Es muy simple, si la minera contamina se funde, se cae, desaparece. No puede operar. No puede recibir créditos del Banco Mundial ni de nadie.

Por eso la gravedad del fallo de la Justicia tucumana: el procesamiento de Rooney pone a Alumbrera bajo la lupa de las entidades internacionales de crédito, y algo peor. “Que la minera contamine –dicen los voceros en su oficina pulcra– implica una caída en la cotización de sus acciones. Por eso te repito: Alumbrera es la primera interesada en no contaminar”.

–Entonces no contaminan. Pero quisiera ver las pruebas de que no contaminan. ¿Tienen elementos para refutar el fallo y los elementos de los que se valió la Justicia para procesarlos?

–Sí, los tenemos, pero lo fundamental es que los exámenes están manipulados, mal hechos.

–¿Qué dice Rooney de todo esto?

–Nada, que es injusto.

–¿Será posible entrevistarlo?

–Mirá, por ahora queremos preservarlo, mientras evaluamos qué hacer.

Los asesores de imagen insisten con que todo es falso. “Nos acusan de contaminar con cianuro y no es cierto porque Alumbrera no utiliza cianuro para extraer el mineral. Pero te digo, si lo utilizara las medidas de seguridad son tantas y tan rigurosas que jamás podría contaminar. A ver si me explico: el que te vende cianuro no te lo vende si no te acogés a un plan millonario de seguridad.”

DURA LEX, SED LEX. Gómez, vía Bolivia, retoma. “El fallo está basado en la ley 24.051, no en el Código de Minería. La ley es la que establece los delitos. Y los índices de contaminación no son los que establece el Código sino los que dice la ley.”

Está satisfecho, Gómez, con el pronunciamiento de la Justicia. Pero dice que hay que seguir hacia arriba y que cada minera –hay 13 yacimientos funcionando a pleno en el país y por los menos 20 en etapa de cateos– tiene su lado vulnerable. “Aunque lo nieguen, todas terminan contaminando. Nosotros somos pioneros en la defensa del medio ambiente desde la Justicia. Hemos logrado la condena y el procesamiento de varios intendentes.” El fiscal se refiere a la manera en que operan las corporaciones mineras: se instalan en zonas despojadas de todo, pero sobre todo zonas en las que el Estado no llega, y despliegan su estrategia de interacción comunitaria: generan puestos de trabajo, lo que no tiene nada de malo, desde ya, y asumen un rol paternalista que incluye donaciones varias sobre todo en las áreas de salud y educación, donde, valga la redundancia, el Estado no suele llegar.

Y la cadena de la felicidad se prolonga. Se relacionan con los intendentes, donan dinero y desde ese lugar se defienden de las acusaciones por contaminación que brotan aquí y allá. A su flanco cuestionado contraponen su lado filantrópico. El domingo 8 de junio, en una nota llamativamente elogiosa publicada por el diario La Gaceta, de Tucumán, otro ejecutivo de Alumbrera, Jorge Montaldi, señaló que la empresa aportó ingresos a la economía nacional por un total de 3.109 millones de pesos, una cifra que equivale a un tercio del producto bruto geográfico de Tucumán (calculado en poco más de 12 millones). Así las cosas. Del otro lado, equipos de abogados de la corporación trabajan para revertir el fallo, ese fallo trascendente, en los fueros más altos de la Justicia nacional. El agua, mientras tanto, sigue corriendo turbia.