lunes, 26 de enero de 2015
PROTESTA EN ANDALGALA CONTRA OTRO EMPRENDIMIENTO DE COBRE Y ORO
Un nuevo bloqueo antiminero
Grupos que se oponen en Catamarca a la megaminería bloquean el paso de camiones de un nuevo proyecto llamado “Bajo el Durazno”, en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. Denuncian irregularidades técnicas y administrativas.
Por Darío Aranda
Andalgalá, la localidad catamarqueña pionera en la megaminería (allí se instaló Minera Alumbrera, la primera gran explotación a cielo abierto) comenzó el año movilizada, con cortes de caminos en denuncia a la “aprobación irregular” de una nueva explotación minera (llamada “Bajo el Durazno”) y que está en manos de las mismas corporaciones que controlan a la Alumbrera. “Significará el tiro de gracia para el acuífero de Campo del Arenal (de donde se extrae el agua) y provocará una definitiva ruptura en el balance hídrico de la región”, alertó la Asamblea El Algarrobo. Las empresas beneficiadas son las corporaciones Glencore-Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp.
El oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén, Santa María) conoció la megaminería en 1994, cuando el gobierno de Carlos Menem y el provincial de Arnoldo Castillo impulsaron y aprobaron la explotación del Yacimiento Bajo la Alumbrera, una sociedad de multinacionales con la local YMAD (Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio), que pertenece a la Universidad de Tucumán, Catamarca y la Nación.
En la década del 2000 se multiplicaron los cuestionamientos. El intendente prominero José Perea reconoció que sólo 50 personas de Andalgalá trabajaban en el emprendimiento, se comprobaron al menos cuatro derrames y la empresa reconoció filtraciones del dique de colas.
En 2009 la población se movilizó contra un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (en manos de Yamana Gold, una de las mismas accionistas de Alumbrera), en la naciente de los ríos que proveen de agua a la ciudad. Una feroz represión (en febrero de 2010) incrementó el rechazo a la megaminería. Y, junto con un fallo judicial, se frenó momentáneamente la instalación de Agua Rica.
En diciembre pasado, de manera sorpresiva y sin convocar a audiencia pública (como establece la legislación nacional), el gobierno de Catamarca aprobó la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cobre y oro, llamado Bajo el Durazno, en manos de las mismas empresas que explotan desde hace dos décadas las montañas de Catamarca.
“Comienza la explotación de Bajo el Durazno”, informó el comunicado de Minera Alumbrera, el 9 de enero, y precisó que entre 2015 y mediados de 2016 obtendrá 15 mil toneladas de cobre y 100 mil onzas de oro. Confirmó que se utilizará la misma infraestructura de Alumbrera, precisó que contrató “45 jóvenes, generando oportunidades de crecimiento local” y resaltó que la provincia había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA).
Todo lo opuesto afirmó la Asamblea El Algarrobo. “Este yacimiento está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Se pretende hacer pasar este yacimiento como un ‘anexo’ a la actual mina Bajo La Alumbrera, cuando en realidad se trata de un sitio de explotación diferente”, denunció el comunicado de la Asamblea catamarqueña. Recordaron que Alumbrera cuenta con un largo historial de siniestros, derrames, roturas, vuelcos y derrumbes. Explicaron que Bajo el Durazno usará el mismo dique de colas sobre el cual “se ha denunciado reiteradamente tener deficiencias en su construcción y mantenimiento, ya que el mismo se encuentra ubicado sobre una falla geológica de magnitud.” Y advirtieron que mantendrán el bloqueo (que comenzó la primera semana de enero) a los camiones que conducen al proyecto minero Agua Rica.
La empresa publicitó que realizó, antes de la aprobación del IIA, “charlas en las comunidades durante el proceso de análisis del estudio”. La Asamblea El Algarrobo recordó que no deben realizarse “charlas”, si no “audiencias públicas”, donde deben intervenir todos los actores y –fundamental– deben contar con la información y estudios de manera anticipada, para poder analizarlos y plantear las objeciones en la audiencia. Denuncian que nada de eso sucedió con Bajo el Durazno.
El punto principal que empresas y gobiernos solían usar era la “licencia social”, entendido como el apoyo de la población para el avance de la megaexplotación minera. Pero que dejaron de enarbolarlo luego de las luchas de Esquel, Loncopué y Famatina. Y, en Catamarca, las empresas no lograron remontar su imagen negativa luego de la represión por Agua Rica en 2010. En Andalgalá ese rechazo se expresa al menos en tres espacios: la Asamblea El Algarrobo, la organización de las Mujeres del silencio y los Vecinos Autoconvocados.
“Hay un avasallamiento a la voluntad popular que se expresa todos los días. Reclamamos que se respete la legislación municipal, provincial y nacional”, precisó la asamblea.
viernes, 23 de enero de 2015
Minera Alumbrera utiliza 100 millones de litros de agua por día
La televisión pública alemana realizó un revelador documento audiovisual que demuestra cómo la minería a cielo abierto, como la que lleva adelante Minera Alumbrera en la provincia de Catamarca, depreda el medio ambiente.
Según el video, que también fue difundido por medios de nuestro país, como el diario La Nación, la firma extranjera utiliza 100 millones de litros de agua por día para hacer funcionar el yacimiento de Bajo la Alumbrera, en una provincia donde el líquido vital es un bien realmente escaso.
En el informe se afirma que la cadena de cerros ubicada en Catamarca representa “un verdadero tesoro mercantil” y que Bajo la Alumbrera “supone una de las producciones mineras más importantes del mundo”.
Agrega que las proyecciones de la empresa canadiense sostenían la extracción ininterrumpida de cobre y oro hasta 2016, para lo cual tienen trabajando apenas a unos 2.300 hombres. Cifra esta última que resulta ínfima, en cuanto al impacto económico favorable que puede generar en la región, si se tiene en cuenta que entre 1999 y 2010, la facturación declarada por la empresa acumuló 10.962 millones de dólares, casi diez veces la inversión inicial.
El informe de la TV de Alemania describe a la Alumbrera como un “hoyo de unos dos kilómetros de largo y 500 metros de profundidad“. Sin embargo, el dato más alarmante, dado a conocer en el video por los propios trabajadores de la mina, es que “se utilizan 100 millones de litros de agua por día”.
También resalta el documento que la compañía que explota el yacimiento, Minera Alumbrera, es alcanzada “por la crisis económica mundial, que ocasiona un derrumbe en los precios de las mercancías a nivel mundial”, no obstante lo cual sus directivos “se mantienen optimistas”.
“Nuestra mina tiene, hasta el momento, una muy confortable posición. Nuestra producción es favorable en comparación a la de la competencia. Si bien la crisis también nos afecta, nuestras cuotas de mercado no han caído considerablemente”, explica a las cámaras uno de sus directivos.
El rechazo del pueblo
De manera lapidaria, el informe de la televisión pública alemana resalta que “para la producción efectiva, la mina consume 100 millones de litros de agua a diario” y que “en los pequeños pueblos de los alrededores se encuentra la desaprobación” a esa actividad; tras lo cual transcribe las habituales frases de reclamo de quienes se oponen a la explotación a cielo abierto de Bajo la Alumbrera: “La mina nos enferma; ensucia nuestros ríos; contamina el ambiente”, resume.
A continuación, el video expone declaraciones de una de las voceras de los vecinos de Catamarca que se oponen a Minera Alumbrera.
“Nosotros promovemos que se interrumpa la actividad; todo lo que allí se hace no es sostenible ni responsable. La mina no es segura y no supone un beneficio para nadie. La obra habría proporcionado un par de puestos de trabajo, eso es todo. No ayuda en absoluto; ni a la provincia ni al pueblo argentino”, advirtió la ambientalista entrevistada por la TV alemana.
Fuentehttp://www.elsigloweb.com/nota.php?id=86678
lunes, 13 de diciembre de 2010
Los desechos tóxicos de las minas en el altiplano boliviano, han convertido en desierto lo que antes eran ecosistemas originales.
VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2010 15:14
Por Rosa Rojas*
09/12/2010. «...Se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la Empresa Minera Huanuni, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra, que torna las aguas en espeso lodo del mismo color».
Los efectos de la explotación minera en Oruro han dejado pasivos ambientales desde la Colonia, agravados en los últimos 20 años por el uso descontrolado de sustancias altamente contaminantes –cianuro, arsénico, mercurio, sulfuros– y el vertido a los ríos de residuos contaminados por metales pesados por parte de empresas mineras y cooperativistas, han ocasionado un auténtico desastre ambiental en cuatro municipios del altiplano orureño: El Choro, Machacamarca, Huanuni y Poopó.
En la denominada sub cuenca de Huanuni, ubicada a unos 300 kilómetros al suroeste de La Paz, cerca de 53 mil habitantes sufren la contaminación de sus aguas, la salinización de miles de hectáreas de tierras que se convierten en vastos desiertos, la enfermedad y muerte de personas y animales, el éxodo de sus hijos a otras ciudades del país o al extranjero...
Durante un recorrido por la región, que culminó en el lago Poopó, se constataron los efectos de la polución minera y la sequía. Este lago, que según Wikipedia tenía una superficie de 3 mil 500 kilómetros cuadrados y 3 metros de profundidad en 1986, ahora tiene mil kilómetros cuadrados y un metro de profundidad. Las aguas de este otrora floreciente ecosistema, se han retirado, según los lugareños, más de 10 kilómetros en algunas partes, dejando en su lugar una dura, blancuzca costra salina, que a unos dos kilómetros del espejo de agua se convierte en una capa de lodo, café en la superficie y abajo negro, denso y pegajoso como el alquitrán, sobre el que hay que caminar descalzo porque te arranca los zapatos. Las poblaciones de aves silvestres cuyo habitat era el lago, entre ellas patos y flamencos, se han reducido drásticamente; los totorales (plantas acuáticas ribereñas) son inexistentes en esta parte del lago. De las toneladas de pejerrey que se pescaban aquí sólo queda el recuerdo...
Varios kilómetros antes de la ribera empiezan a encontrarse sobre la costra de sal botes de pescadores y redes abandonadas, algunos pececillos momificados, plumas de flamencos blancas y rosadas...
El líquido que alberga el Poopó, el segundo lago mayor del país después del Titicaca, es ahora salobre y su fondo se ha ido llenando de sedimentos contaminados de minas (colas en el argot minero) que, según la Coordinadora en Defensa de la cuenca del río Desaguadero, lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP), arrastra el río Huanuni desde la mina del mismo nombre, la más grande del país, operada por la estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia) a través de la Empresa Minera Huanuni (EMH).
El río Huanuni, que tiene varios nombres en sus diferentes tramos, entronca con el río Desaguadero, que a su vez nace en el lago Titicaca. Uno de los brazos de este río desemboca en el lago Poopó y otro, el izquierdo, llega al lago Uru Uru, situado en el límite sur de la capital orureña, y después al Poopó.
El Desaguadero, cuyo cauce tenía entre 8 y 12 metros de ancho por unos tres metros de profundidad a su paso por las comunidades altiplánicas orureñas, recoge además, en su recorrido de 360 kilómetros, las aguas ácidas y colas de otras minas y las aguas servidas y basura de ciudades y poblaciones ribereñas.
En la región operan las minas Kori Chaca y Kori Kollo (de la empresa Inti Raymi), Japo, Sinchi Wayra, LaCandelaria, Tiawanaku, Morococala, Cominur, además de las explotaciones de cooperativas como la Poopó y del Carmen, cuyos residuos van a dar al río, explicó don Ángel Flores, vicepresidente de CORIDUP.
Esa organización aglutina a 80 comunidades que desde el año 2000 luchan para que las mineras –estatales, privadas o cooperativas– respeten a la madre tierra, Pachamama, cumplan la legislación del país y remedien los daños a la salud humana, el ambiente y la economía que les han ocasionado.
Con don Ángel se hizo el recorrido desde Huanuni hasta la comunidad de Cochipiacala, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde el río Desaguadero es en estos días un arroyuelo de no más de un metro de ancho y unos pocos centímetros de profundidad. Para llegar ahí manejamos dos horas por una huella sobre la pampa salitrosa, donde ya no crece nada, ni la ruda paja brava altiplánica, ni otras especies de pastos como la cebadilla, que servían para alimentar rebaños de llamas, ovejas y vacunos; ni una brizna de hierba. De los totorales sólo queda un manchoncito de pequeños brotes en una orilla de ese arroyo salado.
Esta región era netamente ganadera, pero si todavía nace algún forraje los animales «lo comen pero no se alimentan y mueren de diarreas y otras enfermedades ». Se sembraba quinua y papa fundamentalmente para autoconsumo «pero ya no da», explicó, en otro recorrido, Florián Quispe, secretario general de la CORIDUP, quien relató que en su comunidad, Quesu Quesuni, él pastoreaba en su infancia las ovejas desde el río, en una barca de totora. Según la organización, la sedimentación del cauce del Desaguadero, prácticamente aparecida en ocho kilómetros, se debe a las colas de la EMH y a la basura de la ciudad de Huanuni, que también va a dar al río.
Don Ángel señaló que urge dragar el río y rehacer el cauce antes de la época de lluvias para evitar que las aguas ácidas (copajira) se rebalsen a otras tierras que aún pueden salvarse, ya que en Cochipiacala, Municipio de El Choro, por lo menos mil 500 hectáreas ya están perdidas, cifra que asciende a 12 mil hectáreas en la comunidad de Santo Tomás, según el comunario Jaime Caichoca.
Por su parte el gerente de la EMH, Marcelino Quispe López, en conversación vía telefónica, negó que la sedimentación y contaminación tanto del río Desaguadero como del lago Poopó, se deban al vertido de los desechos de la mina al río Huanuni, que dijo, ha trabajado así «desde el tiempo de los españoles».
Sin embargo, se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la EMH, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra, que torna las aguas en espeso lodo del mismo color.
Sobre las medidas para combatir la contaminación de la EMH, afirmó que «obviamente tiene que haber tratamiento de aguas, tratamiento de la basura, todo eso, pero vamos a ir programando paulatinamente...», e indicó que está en construcción un dique de colas que tendrá capacidad para residuos de 5 años. Ello pese a que se estima que la mina tiene una vida útil de por lo menos 20 años más.
Don Angel confió en que con el Decreto Supremo 0335, del 21 de octubre de 2009, que le arrancaron al presidente Evo Morales Ayma con una marcha de la CORIDUP a La Paz, en el que se declaró «situación de emergencia de carácter departamental» –referida a los cuatro municipios mencionados– haya avances, «más allá de reuniones y papeles» en la remediación ambiental de la región, porque ya cumplió un año el decreto «y en las comunidades no se ha movido ni una pala».
En dicha norma se establecen seis líneas estratégicas para proyectos de mitigación, tratamiento y control ambiental de la contaminación minera, que a un año de su promulgación no acaban de programarse, si bien ya hay un convenio con la Unión Europea para financiarlos por 14 millones 210 mil euros, de los cuales el gobierno boliviano aportará 3 millones 275 mil.
Para conocer los avances en la ejecución de los programas contemplados en el decreto 0335, se solicitó en repetidas ocasiones al Ministerio de Medio Ambiente, entrevistas con los responsables del seguimiento de los mismos.
Las gestiones fueron infructuosas. Sin embargo, el 9 de noviembre, en declaraciones al diario La Patria, de Oruro, el técnico de la CORIDUP, Limbert Sánchez, informó que al margen de los trabajos que desarrolla la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las otras entidades no proceden con trabajos de impacto, como el ministerio de Desarrollo Rural con la dotación de semillas.
Añadió que después de reunirse con los ministerios involucrados en ejecutar proyectos para contrarrestar la contaminación, sólo se tiene comprometido el envío de seis médicos para atender las enfermedades de los pobladores y algunos cursos de cuidado ambiental comprometidos por el Ministerio de Educación.
Por su parte Florian Quispe, secretario de CORIDUP, informó vía teléfono que con ayuda de la cooperación europea, se empezarán a perforar, en diciembre, 15 pozos profundos para abastecer de agua potable a las comunidades de Quesu Quesuni, Puñaca y Quería.
* Rosa Rojas es periodista mexicana.
Por Rosa Rojas*
09/12/2010. «...Se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la Empresa Minera Huanuni, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra, que torna las aguas en espeso lodo del mismo color».
Los efectos de la explotación minera en Oruro han dejado pasivos ambientales desde la Colonia, agravados en los últimos 20 años por el uso descontrolado de sustancias altamente contaminantes –cianuro, arsénico, mercurio, sulfuros– y el vertido a los ríos de residuos contaminados por metales pesados por parte de empresas mineras y cooperativistas, han ocasionado un auténtico desastre ambiental en cuatro municipios del altiplano orureño: El Choro, Machacamarca, Huanuni y Poopó.
En la denominada sub cuenca de Huanuni, ubicada a unos 300 kilómetros al suroeste de La Paz, cerca de 53 mil habitantes sufren la contaminación de sus aguas, la salinización de miles de hectáreas de tierras que se convierten en vastos desiertos, la enfermedad y muerte de personas y animales, el éxodo de sus hijos a otras ciudades del país o al extranjero...
Durante un recorrido por la región, que culminó en el lago Poopó, se constataron los efectos de la polución minera y la sequía. Este lago, que según Wikipedia tenía una superficie de 3 mil 500 kilómetros cuadrados y 3 metros de profundidad en 1986, ahora tiene mil kilómetros cuadrados y un metro de profundidad. Las aguas de este otrora floreciente ecosistema, se han retirado, según los lugareños, más de 10 kilómetros en algunas partes, dejando en su lugar una dura, blancuzca costra salina, que a unos dos kilómetros del espejo de agua se convierte en una capa de lodo, café en la superficie y abajo negro, denso y pegajoso como el alquitrán, sobre el que hay que caminar descalzo porque te arranca los zapatos. Las poblaciones de aves silvestres cuyo habitat era el lago, entre ellas patos y flamencos, se han reducido drásticamente; los totorales (plantas acuáticas ribereñas) son inexistentes en esta parte del lago. De las toneladas de pejerrey que se pescaban aquí sólo queda el recuerdo...
Varios kilómetros antes de la ribera empiezan a encontrarse sobre la costra de sal botes de pescadores y redes abandonadas, algunos pececillos momificados, plumas de flamencos blancas y rosadas...
El líquido que alberga el Poopó, el segundo lago mayor del país después del Titicaca, es ahora salobre y su fondo se ha ido llenando de sedimentos contaminados de minas (colas en el argot minero) que, según la Coordinadora en Defensa de la cuenca del río Desaguadero, lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP), arrastra el río Huanuni desde la mina del mismo nombre, la más grande del país, operada por la estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia) a través de la Empresa Minera Huanuni (EMH).
El río Huanuni, que tiene varios nombres en sus diferentes tramos, entronca con el río Desaguadero, que a su vez nace en el lago Titicaca. Uno de los brazos de este río desemboca en el lago Poopó y otro, el izquierdo, llega al lago Uru Uru, situado en el límite sur de la capital orureña, y después al Poopó.
El Desaguadero, cuyo cauce tenía entre 8 y 12 metros de ancho por unos tres metros de profundidad a su paso por las comunidades altiplánicas orureñas, recoge además, en su recorrido de 360 kilómetros, las aguas ácidas y colas de otras minas y las aguas servidas y basura de ciudades y poblaciones ribereñas.
En la región operan las minas Kori Chaca y Kori Kollo (de la empresa Inti Raymi), Japo, Sinchi Wayra, LaCandelaria, Tiawanaku, Morococala, Cominur, además de las explotaciones de cooperativas como la Poopó y del Carmen, cuyos residuos van a dar al río, explicó don Ángel Flores, vicepresidente de CORIDUP.
Esa organización aglutina a 80 comunidades que desde el año 2000 luchan para que las mineras –estatales, privadas o cooperativas– respeten a la madre tierra, Pachamama, cumplan la legislación del país y remedien los daños a la salud humana, el ambiente y la economía que les han ocasionado.
Con don Ángel se hizo el recorrido desde Huanuni hasta la comunidad de Cochipiacala, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde el río Desaguadero es en estos días un arroyuelo de no más de un metro de ancho y unos pocos centímetros de profundidad. Para llegar ahí manejamos dos horas por una huella sobre la pampa salitrosa, donde ya no crece nada, ni la ruda paja brava altiplánica, ni otras especies de pastos como la cebadilla, que servían para alimentar rebaños de llamas, ovejas y vacunos; ni una brizna de hierba. De los totorales sólo queda un manchoncito de pequeños brotes en una orilla de ese arroyo salado.
Esta región era netamente ganadera, pero si todavía nace algún forraje los animales «lo comen pero no se alimentan y mueren de diarreas y otras enfermedades ». Se sembraba quinua y papa fundamentalmente para autoconsumo «pero ya no da», explicó, en otro recorrido, Florián Quispe, secretario general de la CORIDUP, quien relató que en su comunidad, Quesu Quesuni, él pastoreaba en su infancia las ovejas desde el río, en una barca de totora. Según la organización, la sedimentación del cauce del Desaguadero, prácticamente aparecida en ocho kilómetros, se debe a las colas de la EMH y a la basura de la ciudad de Huanuni, que también va a dar al río.
Don Ángel señaló que urge dragar el río y rehacer el cauce antes de la época de lluvias para evitar que las aguas ácidas (copajira) se rebalsen a otras tierras que aún pueden salvarse, ya que en Cochipiacala, Municipio de El Choro, por lo menos mil 500 hectáreas ya están perdidas, cifra que asciende a 12 mil hectáreas en la comunidad de Santo Tomás, según el comunario Jaime Caichoca.
Por su parte el gerente de la EMH, Marcelino Quispe López, en conversación vía telefónica, negó que la sedimentación y contaminación tanto del río Desaguadero como del lago Poopó, se deban al vertido de los desechos de la mina al río Huanuni, que dijo, ha trabajado así «desde el tiempo de los españoles».
Sin embargo, se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la EMH, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra, que torna las aguas en espeso lodo del mismo color.
Sobre las medidas para combatir la contaminación de la EMH, afirmó que «obviamente tiene que haber tratamiento de aguas, tratamiento de la basura, todo eso, pero vamos a ir programando paulatinamente...», e indicó que está en construcción un dique de colas que tendrá capacidad para residuos de 5 años. Ello pese a que se estima que la mina tiene una vida útil de por lo menos 20 años más.
Don Angel confió en que con el Decreto Supremo 0335, del 21 de octubre de 2009, que le arrancaron al presidente Evo Morales Ayma con una marcha de la CORIDUP a La Paz, en el que se declaró «situación de emergencia de carácter departamental» –referida a los cuatro municipios mencionados– haya avances, «más allá de reuniones y papeles» en la remediación ambiental de la región, porque ya cumplió un año el decreto «y en las comunidades no se ha movido ni una pala».
En dicha norma se establecen seis líneas estratégicas para proyectos de mitigación, tratamiento y control ambiental de la contaminación minera, que a un año de su promulgación no acaban de programarse, si bien ya hay un convenio con la Unión Europea para financiarlos por 14 millones 210 mil euros, de los cuales el gobierno boliviano aportará 3 millones 275 mil.
Para conocer los avances en la ejecución de los programas contemplados en el decreto 0335, se solicitó en repetidas ocasiones al Ministerio de Medio Ambiente, entrevistas con los responsables del seguimiento de los mismos.
Las gestiones fueron infructuosas. Sin embargo, el 9 de noviembre, en declaraciones al diario La Patria, de Oruro, el técnico de la CORIDUP, Limbert Sánchez, informó que al margen de los trabajos que desarrolla la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las otras entidades no proceden con trabajos de impacto, como el ministerio de Desarrollo Rural con la dotación de semillas.
Añadió que después de reunirse con los ministerios involucrados en ejecutar proyectos para contrarrestar la contaminación, sólo se tiene comprometido el envío de seis médicos para atender las enfermedades de los pobladores y algunos cursos de cuidado ambiental comprometidos por el Ministerio de Educación.
Por su parte Florian Quispe, secretario de CORIDUP, informó vía teléfono que con ayuda de la cooperación europea, se empezarán a perforar, en diciembre, 15 pozos profundos para abastecer de agua potable a las comunidades de Quesu Quesuni, Puñaca y Quería.
* Rosa Rojas es periodista mexicana.
lunes, 18 de octubre de 2010
Prensa Unión de Asambñeas Ciudadanas Informa
13 de octubre de 2010 14º Encuentro de la UAC
Unión de Asambleas Ciudadanas
Andalgalá-Catamarca
12-13-14 Noviembre 2010
La asamblea el algarrobo tiene el placer de invitar a todas las asambleas socio ambientales del país y el mundo, a participar del 14 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas a realizarse en la ciudad de Andalgalá, lugar de resistencia de un pueblo que con convicciones y corazón viene logrando la paralización de el proyecto mega minero Agua Rica y la denuncia constante hacia uno de los ejemplos más claros de saqueo y destrucción Socio Ambiental, llamado Minera La Alumbrera.
Andalgalá es el lugar elegido a partir del trabajo realizado en la ciudad de Santiago Del Estero por todas las organizaciones y asambleas que conforman la UAC, y siguiendo ese trabajo conjunto entre hermanos de lucha, se definió la fecha de este encuentro que significara seguir aunando criterios y acciones para crecer y crear entre todos un mundo mejor.
El cronograma de actividades se pondrá a disposición de la organización general del encuentro en breve.
La asamblea el algarrobo agradece esta posibilidad a todas las personas que hicieron posible que la lucha de todos se convierta en una sola.
Entre todos, en cada lugar donde nazca la conciencia, habrá un próximo amanecer.
Ese amanecer depende cada uno de nosotros.
Asamblea El Algarrobo
Agracede la Participación y la Difusión
para colaborar económicamente con El Algarrobo
N° de Cuenta de Banco Nación: 10601150261402
CBU: 0110115330011502614029
www.prensaelalgarrobo.blogspot.com
www.lavozdelalgarrobo.blogspot.com
www.lavisiondelalgarrobo.blogspot.com
Contactos prensa:
03835 15 524 402
03835 15 400 391
03835 15 696 839
03835 15 415 804
03835 15 408 679
03833 15 205 240
COORDINADORA ANDALGALÁ
coordinadoraelalgarrobo@gmail.com
011 15 6 257 7194
13 de octubre de 2010 14º Encuentro de la UAC
Unión de Asambleas Ciudadanas
Andalgalá-Catamarca
12-13-14 Noviembre 2010
La asamblea el algarrobo tiene el placer de invitar a todas las asambleas socio ambientales del país y el mundo, a participar del 14 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas a realizarse en la ciudad de Andalgalá, lugar de resistencia de un pueblo que con convicciones y corazón viene logrando la paralización de el proyecto mega minero Agua Rica y la denuncia constante hacia uno de los ejemplos más claros de saqueo y destrucción Socio Ambiental, llamado Minera La Alumbrera.
Andalgalá es el lugar elegido a partir del trabajo realizado en la ciudad de Santiago Del Estero por todas las organizaciones y asambleas que conforman la UAC, y siguiendo ese trabajo conjunto entre hermanos de lucha, se definió la fecha de este encuentro que significara seguir aunando criterios y acciones para crecer y crear entre todos un mundo mejor.
El cronograma de actividades se pondrá a disposición de la organización general del encuentro en breve.
La asamblea el algarrobo agradece esta posibilidad a todas las personas que hicieron posible que la lucha de todos se convierta en una sola.
Entre todos, en cada lugar donde nazca la conciencia, habrá un próximo amanecer.
Ese amanecer depende cada uno de nosotros.
Asamblea El Algarrobo
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sábado, 31 de julio de 2010
ACERQUENSE A PARTICIPAR DE LA COMISION AMBIENTAL DEL MOVIMIENTO DE PROFESIONALES PARA LOS PUEBLOS
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lunes, 3 de mayo de 2010
sobre la ley Filmus "de no protección al ambiente periglaciar"
De: Voz Entrerriana
Fecha: 11 de septiembre de 2009 16:37
Asunto: Lo que Daniel Filmus encubre (Ley de protección de Glaciares)
Para:
http://vozentrerriana.blogspot.com/2009/09/lo-que-daniel-filmus-encubre.html
En defensa del agua
Viernes, 11 de septiembre de 2009
Lo que Filmus encubre y las rocas son glaciares
(AW) El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Enrique Viale, criticó el proyecto de ley de “protección de glaciares” del senador oficialista Daniel Filmus, que fue presentado en la Cámara alta y respeta casi a rajatabla las pretensiones de las mineras aceptadas en el veto emitido en su momento por Cristina Fernández de Kirchner.
Como es conocido, la presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”.
De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del senador nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones. Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2º, 6º y 15º.
Este proyecto elimina del artículo 2º la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”, como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6º inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex-ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15º es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15º, que la Auditoría Ambiental se realice “en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción...”
La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoría Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoría Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoría Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.
Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
www.agenciawalsh.org
Publicado por Voz Entrerriana el 9/11/2009
Fecha: 11 de septiembre de 2009 16:37
Asunto: Lo que Daniel Filmus encubre (Ley de protección de Glaciares)
Para:
http://vozentrerriana.blogspot.com/2009/09/lo-que-daniel-filmus-encubre.html
En defensa del agua
Viernes, 11 de septiembre de 2009
Lo que Filmus encubre y las rocas son glaciares
(AW) El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Enrique Viale, criticó el proyecto de ley de “protección de glaciares” del senador oficialista Daniel Filmus, que fue presentado en la Cámara alta y respeta casi a rajatabla las pretensiones de las mineras aceptadas en el veto emitido en su momento por Cristina Fernández de Kirchner.
Como es conocido, la presidenta de la Nación vetó, el 10 de noviembre del año pasado, la ley 26.148, conocida como “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial”.
De manera cruel, se evidenció lo que muchos sabíamos hace tiempo: para el gobierno nacional la cuestión ambiental es una problemática absolutamente secundaria y subordinada a los intereses económicos concentrados. Acertadamente, se lo ha tildado como el “veto de la Barrick Gold”, evidenciando las relaciones peligrosas que existen con esta poderosa empresa que ha llegado a financiar eventos electorales de la fórmula presidencial Cristina-Cobos.
Muchas cosas han sucedido desde el veto. La Cámara de Diputados no pudo insistir con la ley original, atento la feroz coraza impuesta por la mayoría oficialista en la cámara baja, que se comporta como verdadera custodia pretoriana del modelo minero impuesto en la década de los 90 y profundizado en los últimos años. También existe un nuevo proyecto de ley, idéntico a la ley vetada y firmado por todos los presidentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados con excepción del Frente por la Victoria y sus aliados. Este proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Recursos Naturales y duerme en los cajones de la inefable Comisión de Minería donde el oficialismo cosecha amplia y decisiva mayoría. Duerme al igual que los numerosos proyectos de la oposición que pretenden modificar el actual modelo legal-minero de saqueo y contaminación.
Pero también hay un proyecto de ley del senador nacional, Daniel Filmus, en parte distinto del original y que, bajo la perversa apariencia de realizar mejoras a la ley vetada, nos pretende camuflar sus verdaderas intenciones. Y aquí me detengo porque creo central se conozca que se esconde detrás de este proyecto que quiere ser prontamente sancionado por la Cámara de Senadores de la Nación.
En primer lugar, existen argumentos concretos o técnicos que nos llevan a concluir, sin hesitación alguna, que debe rechazarse el proyecto del senador Filmus. Específicamente, trascendentales modificaciones que se pretenden realizar en los artículos 2º, 6º y 15º.
Este proyecto elimina del artículo 2º la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”, como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. Como consecuencia de ello, el proyecto del senador por la Ciudad de Buenos Aires también elimina la prohibición, que la ley vetada establecía en su artículo 6º inciso c), de la actividad minera e hidrocarburífera “en el ambiente periglacial saturado en hielo”. Estas modificaciones son exactamente las pretendidas por las multinacionales mineras porque muchos de sus actuales y futuros proyectos se desarrollan en este ambiente. Así lo admiten documentos de las propias empresas, realizados con anterioridad a la existencia de la ley vetada.
Pero hay una modificación existente en el proyecto del ex-ministro de educación de la Nación que hay que prestarle especial atención porque parece redactado por los directivos del emprendimiento binacional Pascua Lama, propiedad de la Barrick Gold. La redacción del artículo 15º es la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera actualmente en ejecución, incluso sobre lo que la propia ley prohíbe. La norma vetada establecía expresamente, para las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley, “que en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan”. El proyecto de Filmus solo establece que “las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades se adecuen a la presente ley” en caso que generen un “impacto significativo” sobre los “glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros”. Como vemos, otra vez desaparece el “ambiente periglacial” como área tutelada y, además, la solución de este proyecto es la adecuación, a diferencia de la ley vetada que establecía expresamente la posibilidad de hacer cesar la actividad ante impactos significativos. “Adecuar” puede significar trasladar con palas mecánicas glaciares como insólitamente pretendió realizar la Barrick Gold cuando Pascual Lama era un proyecto.
Pero además de ello, el proyecto del senador oficialista establece, también en el artículo 15º, que la Auditoría Ambiental se realice “en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción...”
La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoría Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. De aprobarse la ley que propone Filmus, la realización de la Auditoría Ambiental se somete perversamente a la decisión de cada jurisdicción de realizar el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoría Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciales, justo a la medida de Pascua-Lama.
Pero más allá de estas importantes modificaciones técnicas señaladas que, escondidas bajo la pretendida fachada de realizar una norma superadora de la ley vetada, cumplen aplicadamente con los deseos de las multinacionales mineras, estoy convencido que hay un fundamento ideológico que debe servir como basamento central para rechazar el proyecto que pretende ser sancionado por el Senado Nacional. Este argumento es aquél que nos señala que consentir los cambios pretendidos a la letra de la ley original sería aceptar que los intereses particulares de las mineras transnacionales son superiores a los de la Nación toda. Sería admitir que los derechos individuales o comerciales de estas empresas son superiores al derecho esencial vinculado con la propia existencia del hombre, como lo es el Derecho Humano a un ambiente sano y equilibrado. También sería reconocer como legítimos los argumentos del veto, muchos de los cuales hemos señalado como falaces e inconstitucionales, como la disparatada intención de suplantar el Congreso de la Nación por un “foro interdisciplinario”. Sería legitimar el espurio lobby de las megamineras representado por gobernadores, como el de San Juan, quien se ha convertido, en los hechos, en un servil empleado de la Barrick Gold. En definitiva, sería aceptar definitivamente que la megaminería no sea sólo un paradigma de devastación ambiental y saqueo de nuestros bienes naturales, sino también de devastación y saqueo institucional.
www.agenciawalsh.org
Publicado por Voz Entrerriana el 9/11/2009
miércoles, 3 de febrero de 2010
Es el medio ambiente, estúpidos!
Por Mempo Giardinelli
Cuando el fiscal de Río Cuarto Walter Guzmán archivó la investigación por la muerte de Natalia Sonia Gallardo –una cordobesa de 28 años que miraba el paso del Rally Dakar– y decidió ni siquiera imputar al piloto alemán Mirco Schultis, la Argentina toda pareció no darse cuenta de lo que esto significa.
“La conducta del corredor es la propia de una carrera” –determinó Guzmán– y la joven “estaba en un lugar donde no era permitido ubicarse”.
Algo así como “algo habrá hecho” la víctima, descartando olímpicamente que el motociclista se salió del camino y atropelló e hirió a varios espectadores, y que había una enorme organización detrás de él.
La joven Gallardo no es la primera víctima del Dakar en Sudamérica. Ya el año pasado tres personas perdieron la vida: el motociclista francés Pascal Terry, encontrado muerto tres días después de desaparecer, y dos ciudadanos en Chile, en un accidente sugestivamente silenciado.
El mismo silencio cubre la historia negra de esta carrera originalmente llamada Rally París-Dakar, que fue prácticamente expulsada de Europa y de Africa, y a la que Francia exigió incluso que se le quitara el nombre de su capital. Salvo aquí, el mundo entero sabe del desprestigio de un “espectáculo” que no es más que la aventura de unos pocos privilegiados, que ha producido ya más de 50 muertes y que por doquier deja desastrosas consecuencias ambientales.
El Rally se hizo famoso por el desafío que era unir en coche Francia con Senegal. En los primeros años no se pensaba en los daños ecológicos que se producían y tampoco se cuestionaba el trato inhumano hacia los habitantes de los países africanos, entonces poco menos que bestias de carga en los campamentos. El Rally era un “safari” y con el tiempo muchos empresarios fueron descubriendo el filón que significaba el concurso de las más famosas marcas de vehículos, bebidas, tabacos y otros artículos de consumo de ricos, más los derechos de televisión.
Pero tuvieron que irse de Africa cuando los países africanos se convirtieron en “inseguros”. Un poco por hartazgo ante el daño ecológico, otro por circunstancias políticas y algunos atentados, el Rally Dakar, con el nombre reducido y nulo prestigio en Europa, debió buscar otros horizontes. Parece que hubo intentos de hacer la carrera en los Estados Unidos (Cañón del Colorado), Canadá y Australia. Pero fracasaron porque esos países, cuando depredan, lo hacen hacia fuera: en sus territorios son rigurosamente conservacionistas.
Entonces apareció la opción sudamericana, donde hay buena rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros. Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados.
Los daños son tremendos, porque en los paisajes andinos, como en los desérticos, la vida vegetal y animal está siempre en delicado equilibrio, que se rompe ante el rugido de cientos de motos, autos y camiones, a grandes velocidades y consumiendo miles de litros de combustibles.
Al parecer, y según informes circulantes en la web, el itinerario fue modificado este año en su paso por Mendoza, porque algunos dueños de tierras les han hecho juicio. En Córdoba también. En cambio La Rioja, Catamarca y San Juan ya se sabe que son tierra de nadie para el desastre ecológico.
Precisamente a finales de 2009 se conoció –aunque los grandes medios porteños casi no le dieron espacio– que la Universidad Nacional de Córdoba, por abrumadora mayoría y luego de un largo debate, rechazó los fondos “donados” por la Minera La Alumbrera de San Juan. Antes lo habían hecho ya las UN de Río Cuarto y de Luján. El doctor Raúl Montenegro, uno de los impulsores del rechazo, calificó la decisión de “histórica” y “profundamente ética” porque los fondos “proceden de una empresa que consume irracionales cantidades de agua en una provincia semiárida, contamina el ambiente y rompe los tejidos sociales con sus practicas clientelares”.
No son meras palabras: desde 1997 la mina utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea poco conocida. Consume el 25 por ciento de la energía eléctrica del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Y desde 1999 se detectan drenajes ácidos que, según Montenegro, “son la peor amenaza de la minería”. Los efectos contaminantes no se reducen a Catamarca; se han comprobado en Tucumán y hasta en el embalse de Río Hondo, Santiago del Estero.
La prensa nacional calló, casi masivamente, la represión del 19 de diciembre pasado en Andalgalá, donde fuerzas de Gendarmería desalojaron la ruta donde los habitantes protestaban contra la minera. ¿Por qué? Porque el pueblo entero de Andalgalá, de 20.000 habitantes, fue vendido recientemente para la explotación minera y va a desaparecer.
La indefensión ambiental argentina es ya escandalosa. Ahí están los canales de Areco y los miles que debe haber en todo el territorio bonaerense aunque lo nieguen los señores Biolcati y Buzzi. Ahí está la amenaza al Ayuí en Corrientes. Ahí la minería depredadora en San Juan y otras provincias. Ahí la inoperancia manifiesta de la Ley de Bosques. Y ahí el insólito, ya insostenible veto presidencial a la Ley de Defensa de los Glaciares.
¿Cómo es posible que el Gobierno no advierta la estupidez de ese veto, tan grave como su inacción frente a las mineras y su permisividad con “espectáculos” como este rally, en el que hasta las Fuerzas Armadas prestan colaboración? ¿Y que en la durísima oposición casi ningún dirigente ni partido, con la sola excepción de Pino Solanas, se ocupe de estos asuntos? ¿Y que la gran mayoría de los argentinos, y sobre todo sus dirigentes, sean tan inconscientes, o corruptos, que no reaccionan ante la destrucción de nuestro hermoso territorio?
Es desesperante que a estas preguntas las responda el silencio. Es gravísimo que seamos uno de los países más estúpida y ambientalmente suicidas del planeta.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-138616-2010-01-17.html
Cuando el fiscal de Río Cuarto Walter Guzmán archivó la investigación por la muerte de Natalia Sonia Gallardo –una cordobesa de 28 años que miraba el paso del Rally Dakar– y decidió ni siquiera imputar al piloto alemán Mirco Schultis, la Argentina toda pareció no darse cuenta de lo que esto significa.
“La conducta del corredor es la propia de una carrera” –determinó Guzmán– y la joven “estaba en un lugar donde no era permitido ubicarse”.
Algo así como “algo habrá hecho” la víctima, descartando olímpicamente que el motociclista se salió del camino y atropelló e hirió a varios espectadores, y que había una enorme organización detrás de él.
La joven Gallardo no es la primera víctima del Dakar en Sudamérica. Ya el año pasado tres personas perdieron la vida: el motociclista francés Pascal Terry, encontrado muerto tres días después de desaparecer, y dos ciudadanos en Chile, en un accidente sugestivamente silenciado.
El mismo silencio cubre la historia negra de esta carrera originalmente llamada Rally París-Dakar, que fue prácticamente expulsada de Europa y de Africa, y a la que Francia exigió incluso que se le quitara el nombre de su capital. Salvo aquí, el mundo entero sabe del desprestigio de un “espectáculo” que no es más que la aventura de unos pocos privilegiados, que ha producido ya más de 50 muertes y que por doquier deja desastrosas consecuencias ambientales.
El Rally se hizo famoso por el desafío que era unir en coche Francia con Senegal. En los primeros años no se pensaba en los daños ecológicos que se producían y tampoco se cuestionaba el trato inhumano hacia los habitantes de los países africanos, entonces poco menos que bestias de carga en los campamentos. El Rally era un “safari” y con el tiempo muchos empresarios fueron descubriendo el filón que significaba el concurso de las más famosas marcas de vehículos, bebidas, tabacos y otros artículos de consumo de ricos, más los derechos de televisión.
Pero tuvieron que irse de Africa cuando los países africanos se convirtieron en “inseguros”. Un poco por hartazgo ante el daño ecológico, otro por circunstancias políticas y algunos atentados, el Rally Dakar, con el nombre reducido y nulo prestigio en Europa, debió buscar otros horizontes. Parece que hubo intentos de hacer la carrera en los Estados Unidos (Cañón del Colorado), Canadá y Australia. Pero fracasaron porque esos países, cuando depredan, lo hacen hacia fuera: en sus territorios son rigurosamente conservacionistas.
Entonces apareció la opción sudamericana, donde hay buena rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros. Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados.
Los daños son tremendos, porque en los paisajes andinos, como en los desérticos, la vida vegetal y animal está siempre en delicado equilibrio, que se rompe ante el rugido de cientos de motos, autos y camiones, a grandes velocidades y consumiendo miles de litros de combustibles.
Al parecer, y según informes circulantes en la web, el itinerario fue modificado este año en su paso por Mendoza, porque algunos dueños de tierras les han hecho juicio. En Córdoba también. En cambio La Rioja, Catamarca y San Juan ya se sabe que son tierra de nadie para el desastre ecológico.
Precisamente a finales de 2009 se conoció –aunque los grandes medios porteños casi no le dieron espacio– que la Universidad Nacional de Córdoba, por abrumadora mayoría y luego de un largo debate, rechazó los fondos “donados” por la Minera La Alumbrera de San Juan. Antes lo habían hecho ya las UN de Río Cuarto y de Luján. El doctor Raúl Montenegro, uno de los impulsores del rechazo, calificó la decisión de “histórica” y “profundamente ética” porque los fondos “proceden de una empresa que consume irracionales cantidades de agua en una provincia semiárida, contamina el ambiente y rompe los tejidos sociales con sus practicas clientelares”.
No son meras palabras: desde 1997 la mina utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea poco conocida. Consume el 25 por ciento de la energía eléctrica del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Y desde 1999 se detectan drenajes ácidos que, según Montenegro, “son la peor amenaza de la minería”. Los efectos contaminantes no se reducen a Catamarca; se han comprobado en Tucumán y hasta en el embalse de Río Hondo, Santiago del Estero.
La prensa nacional calló, casi masivamente, la represión del 19 de diciembre pasado en Andalgalá, donde fuerzas de Gendarmería desalojaron la ruta donde los habitantes protestaban contra la minera. ¿Por qué? Porque el pueblo entero de Andalgalá, de 20.000 habitantes, fue vendido recientemente para la explotación minera y va a desaparecer.
La indefensión ambiental argentina es ya escandalosa. Ahí están los canales de Areco y los miles que debe haber en todo el territorio bonaerense aunque lo nieguen los señores Biolcati y Buzzi. Ahí está la amenaza al Ayuí en Corrientes. Ahí la minería depredadora en San Juan y otras provincias. Ahí la inoperancia manifiesta de la Ley de Bosques. Y ahí el insólito, ya insostenible veto presidencial a la Ley de Defensa de los Glaciares.
¿Cómo es posible que el Gobierno no advierta la estupidez de ese veto, tan grave como su inacción frente a las mineras y su permisividad con “espectáculos” como este rally, en el que hasta las Fuerzas Armadas prestan colaboración? ¿Y que en la durísima oposición casi ningún dirigente ni partido, con la sola excepción de Pino Solanas, se ocupe de estos asuntos? ¿Y que la gran mayoría de los argentinos, y sobre todo sus dirigentes, sean tan inconscientes, o corruptos, que no reaccionan ante la destrucción de nuestro hermoso territorio?
Es desesperante que a estas preguntas las responda el silencio. Es gravísimo que seamos uno de los países más estúpida y ambientalmente suicidas del planeta.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-138616-2010-01-17.html
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